Hacienda inicia una investigación por fraude fiscal en la caza mayor
La Oficina Antifraude manda un requerimiento a la Conselleria de Medio Ambiente para que identifique a todos los empresarios y cazadores susceptibles de eludir tributos
El proceso pone a prueba el control público de la actividad cinegética entre 2012 y 2015
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria ha abierto una investigación para revisar la caza mayor en la Comunitat Valenciana en los últimos cuatro años, un proceso de revisión cuyo objetivo es determinar si empresarios, organizadores y cazadores tributaron convenientemente por una actividad que mueve al año decenas de millones de euros. Con este objetivo, Antifraude ha enviado un requerimiento a la Conselleria de Medio Ambiente para que en el plazo más breve posible le envíe información detallada sobre todas las temporadas de caza que tuvieron lugar entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.
Entre otros datos, le pide que identifique todas las cacerías de caza mayor (monterías, ganchos, etc) que tuvieron lugar en este periodo e identifique a los titulares del coto de caza, los cazadores, las fincas y las reses abatidas. La Generalitat posee las competencias sobre caza y le corresponde la supervisión de toda la actividad cinegética de la Comunitat Valenciana. Así, entre otras cuestiones le compete toda la gestión de la normativa, la autorización de las cacerías, la concesión de licencias, etc, así como toda la normativa que se aplica a la caza.
La misiva, que llego a la Conselleria de Medio Ambiente que dirige Elena Cebrián el pasado mes de julio, pone el foco sobre todo el control de la caza mayor en los últimos años del Gobierno del PP, aunque afecta también a los primeros meses del nuevo Ejecutivo de izquierdas. Las competencias de caza están adscritas al departamento de Medio Natural, un área que el reparto entre los socios de Gobierno correspondió a Compromís.
La Generalitat tendrá que ponerse manos a la obra para cumplir con las exigencias de la Agencia Tributaria, dispuesta a comprobar que las rentas producidas por la caza han sido declaradas tal como marca la normativa estatal. La tributación por los eventos relacionados con la caza mayor son principalmente competencia del Estado, si bien también existe una parte autonómica. Es el caso de permisos de caza mayor e ingresos en las zonas de caza pública gestionadas directamente por la Generalitat como las reservas. Al Consell también le compete supervisar todo lo relacionado con los trofeos, premios que, según la res abatida, pueden llegar a valer más de 20.000 euros en el mercado.
El negocio que mueven las cacerías van más allá de los propias reses, una suerte de donación que recibe el cazador y por la que debe tributar. Las armerías o los empresarios que organizan las cacerías también hacen caja por una actividad privada bajo la supervisión pública que ahora la Agencia Tributaria pone en cuestión.
La población objeto de inspección podría afectar entre empresas, cazadores y organizadores a unos 85.000 valencianos. La investigación podría alcanzar por tanto a conocidos empresarios aficionados a la caza, algunos de ellos bajo investigación judicial por supuestos cohechos y tratos y delitos prevaricación. Es el caso del empresario Vicente Huerta, dueño de Avialsa, la adjudicataria del servicio de prevención de incendios en los tiempos del exconseller Serafín Castellano.
El dirigente del PP, que está bajo investigación judicial por estos contratos, participó en cacerías supuestamente organizadas y abonadas por Huerta. También el constructor Taroncher, amigo de Castellano, era aficionado a la caza mayor.
En la Comunitat Valenciana la caza ocupa cerca del 90% del territorio y está distribuida en alrededor de un millar de cotos de caza
La federación apunta del fraude a los dueños de las fincas
David Sanrova/levante
El presidente del colectivo, Joan Quilés, mantiene que la mayoría practica la caza social y carece de recursos para las monterías mayores
El presidente de la Federación Española de Caza, Joan Quiles, defendió ayer a los cazadores valencianos al descartar que el fraude fiscal que está investigando la Agencia Tributaria pueda afectarles. «En todo caso –apuntó– esa responsabilidad es de los dueños de las fincas».
Quiles, que hasta 2014 estuvo al frente de la federación valenciana, aseguró que la mayoría de los cazadores de la Comunitat se dedican a la «caza social», que cumple un cometido social y ambiental de control de especies cinegéticas. «Yo he sido presidente de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana durante quince años y nunca he participado en una montería de caza mayor», aseguró. Quiles se refirió así a la información desvelada ayer por Levante-EMV sobre la investigación abierta por Hacienda por un presunto fraude fiscal en la actividad de caza mayor en los últimos 4 años. La población objeto de investigación abarca a más de 80.000 personas entre cazadores, organizadores y empresas. Con todo, sostuvo que en ningún caso la mayoría de los cazadores hayan incurrido en ninguna ilegalidad fiscal.
La Oficina de Lucha Contra el Fraude ha requerido a la Generalitat para que le facilite documentación detallada sobre todas las cacerías celebradas en la Comunitat entre 2012 y 2014 y que identifique a los participantes.
Quiles afirmó que le parece bien que Hacienda vigile que «todos contribuyan», pero remarcó que «el fraude fiscal no está en los usuarios, sino en los dueños de las fincas», ya que los cazadores pagan a los organizadores de las cacerías una cantidad de dinero que se sitúa entre los 2.000, 4.000 o 6.000 euros en función de los ejemplares de especies cinegéticas criadas en la finca que el usuario desee abatir. El dinero se abona, aclaró, para poder participar en las monterías y luego son los dueños de las fincas quienes deben declarar los beneficios obtenidos al fisco. «Es como ir a comprar algo al Corte Inglés y que luego la empresa no declarase lo que ha ganado con las ventas», precisó.
Por ese motivo, Quiles afirmó que «ningún cazador deba preocuparse» de recibir algún tipo de sanción por parte de Hacienda. Insistió en que el 90 % de los cazadores de la Comunitat practican la «caza social» y que la mayoría «no han abatido nunca» piezas de caza mayor que se encuentran en las fincas privadas donde se exigen unas cuotas que los cazadores «no pueden asumir». «Está fuera de su alcance», remarcó.
Base de datos
Por lo pronto, los servicios jurídicos de la Conselleria de Medio Ambiente se han puesto manos a la obra para revisar «expediente por expediente» toda la información sobre las personas, empresas y organizaciones que han participado en actividades de caza mayor en la Comunitat Valenciana desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015.
El secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, anunció ayer en declaraciones a este diario que en próximas campañas se «sistematizará» toda la información sobre las actividades de caza mayor porque no se dispone de una base de datos centralizada con la documentación que Hacienda exige al Consell. Esos datos se refieren, entre otros, al día de la organización de la cacería, número de participantes, cantidad de reses abatidas o la relación de los titulares de las fincas en los que se organizaron las monterías.
Álvaro aseguró que la conselleria ya tiene recopilada el «75 % de la información» y «en una semana» traspasarán todos los datos que Hacienda les ha pedido para poder completar la investigación. El alto cargo destacó que Medio Ambiente tiene total disposición de colaborar con la Agencia Tributaria y ello a pesar de que la información fiscal sobre la actividad de las fincas es competencia de Madrid.
A la Generalitat le corresponde la correcta gestión cinegética de los cotos, es decir, el control del número de especies que se autoriza abatir y la revisión del cumplimiento de las órdenes de vedas.
Así, la ley valenciana de caza obliga al medio centenar de cotos de la Comunitat a reinvertir en mejoras medioambientales al menos el 35% de las rentas obtenidas por la actividad. De hecho, deben remitir de forma anual una memoria económica a la conselleria que justifique los gastos en cuestiones como el arreglo de caminos o el cuidado de la población cinegética. Forma parte de la información que Hacienda quiere tener y que usará para cruzar datos para investigar.
http://agrestecaza.com/detalle-noticia/hacienda-inicia-una-investigacion-por-fraude-fiscal-en-la-caza-mayor/
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