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Giro importante en la caza mayor en Extremadura: cambian las normas con un nuevo decreto que afecta a los cazadores

Extremadura ha aprobado un nuevo decreto que actualiza por completo el control sanitario de las piezas de caza mayor, con cambios sustanciales en trámites, plazos e inspecciones que afectan a todas las modalidades.

La Junta de Extremadura ha dado luz verde a un decreto que renueva de arriba abajo el procedimiento de inspección veterinaria en la actividad cinegética regional. La norma, aprobada ayer en Consejo de Gobierno, sustituye al Decreto 230/2005 tras dos décadas de vigencia y alinea el control sanitario de las piezas con la normativa europea, reforzando el papel del control oficial veterinario para asegurar que la carne sea apta para el consumo.

Según ha destacado la Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA), el texto introduce una reorganización profunda de las modalidades sometidas a designación previa —aquellas en las que se prevé que se van a cazar varios animales y que deben contar con un veterinario asignado previamente, como la montería—. Quedan fuera de este sistema aquellas en las que no se puede prever la obtención de capturas —como el jabalí al salto, las esperas o los recechos ordinarios—, una decisión que modifica hábitos y protocolos habituales en numerosas cuadrillas.

Tras esta primera criba, el decreto mantiene el esquema ya conocido para las actividades que sí requieren designación, pero incorpora cambios relevantes en materia de tiempos y condiciones higiénico-sanitarias. La normativa obliga, por ejemplo, a que la extracción de estómagos e intestinos se realice en un máximo de 30 minutos desde la llegada al lugar de evisceración, una exigencia que endurece el procedimiento previo.

Cambios en las designaciones y en los plazos de inspección
En estas modalidades con designación previa, la solicitud podrá presentarse con diez días de antelación y será obligatoria la vía electrónica cuando se trate de personas jurídicas. Se contempla asimismo la figura del decomiso parcial y se otorga carácter definitivo a las autorizaciones de los lugares de evisceración, que dispondrán de seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones marcadas.

El decreto va más allá en el ámbito de las actividades sin designación previa, donde introduce simplificaciones objetivas. La comunicación para solicitar inspección podrá hacerse por teléfono el mismo día del abatimiento o antes de las 10:00 horas del día siguiente, con un margen máximo de 24 horas para que el veterinario realice la revisión. Se permite además el sangrado y el eviscerado previo siempre que la canal llegue acompañada de sus vísceras, y se autoriza el almacenamiento hasta tres días si hay refrigeración y las piezas permanecen suspendidas. Para ello se habilita un teléfono de atención específico para el cazador.

Nuevos destinos para la carne y cambios en los trofeos
El decreto abre también la puerta a nuevos destinos para favorecer el aprovechamiento de la carne de caza mayor. Se incluye el suministro directo de pequeñas cantidades al consumidor final o al comercio minorista, con un máximo de dos piezas por semana, siempre tras faenado e inspección en un LICA. Para las entregas a establecimientos de manipulación o industrias se fija un límite de dos piezas por día y se exige una primera inspección post mortem por parte del control oficial veterinario.

En cuanto a los trofeos, el responsable de la actividad deberá cumplimentar el documento de traslado y garantizar que tanto el taller de taxidermia como el vehículo están registrados. En especies susceptibles de triquina, el propietario será quien custodie el trofeo hasta obtener el resultado del análisis.

Desde FEDEXCAZA han celebrado el trabajo realizado por la Dirección General de Salud Pública y por el equipo veterinario que ha desarrollado la norma: «Responsables de sacar adelante uno de los mejores decretos de control sanitario de toda España». Sin embargo, advierten de que su aplicación puede chocar con el Decreto 149/2016 sobre SANDACH, al que califican como «seguramente uno de los peores del país», un conflicto que podría limitar el alcance de esta actualización normativa.

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