Excursionistas y seteros dejan en evidencia su desencuentro sobre el uso de espacios que todos reivindican como propios.
La futura Ley de Montes prioriza a los cazadores frente al usuario de ocio
Los cazadores defienden que se acoten las zonas por seguridad.
La 'guerra' en el monte está servida. Y ocurre un año después de que fuera aprobado el borrador de la futura Ley de Montes, de ámbito estatal, que se presume que entre en vigor en el verano de 2014. Seteros, excursionistas y ciclistas se enfrentan dialécticamente a los cazadores por el uso de un espacio al que todos dicen tener derecho. El borrador de esta ley da satisfacción a los cazadores en el sentido de que reivindicaban –«por motivos de seguridad»– que los bosques estén vedados a excursionistas y recolectores de setas, cuando estén organizadas batidas de caza. En otras palabras, cuando esté programada una cacería en un determinado monte tendrán exclusividad los cazadores. Ambas partes difieren tajantemente sobre quiénes tienen prioridad en el monte, «que es de todos».
Saturnino Pedraja es directivo de la Sociedad Cántabra de Micología, con sede en Camargo, que reúne a no menos de 200 seteros de toda la región. La opinión que le merece esta cuestionada futura Ley de Montes es tajante: «Los peligrosos en el monte son los cazadores, que se disparan entre ellos, tiran a todo lo que se mueve sin atender a más». En España, se han registrado al menos cuatro muertes en la actual temporada cinegética. El 27 de octubre dos cazadores de 73 y 74 años murieron en Tineo (Asturias) en un accidente de caza; en Lugo, un menor de 17 años falleció al rebotarle una bala en el pecho cuando participaba en una cacería de jabalíes acompañando a su padre, y en Artana (Castellón), un cazador de 35 años perdió la vida al ser alcanzado por un compañero de montería. En Cantabria no hay ningún registro, pero en Andalucía al menos han muerto tres seteros de manera fortuita.
Los cazadores creen haber ganado la primera batalla ya que la futura Ley, según Juan Antonio Sarasketa, presidente de la Oficina Nacional de la Caza (que agrupa a ocho federaciones y al 70% de los cazadores de España), no ofrece dudas: «pretende evitar accidentes, ante la invasión de grupos de seteros en las manchas autorizadas. De siempre han campado por sus reales y nadie les ha dicho nada». Sin embargo, los aficionados a la micología no entienden por qué «los derechos de los cazadores deben ser mayores que los de los micólogos. Nosotros no tenemos esta actividad como negocio, sino como afición, e incluso, como interés científico porque no salimos al monte a coger setas para después comerlas, sino como una forma de entender y estudiar la naturaleza», explica Saturnino Pedraja. «Creo que todos, cazadores y micólogos, pagamos los mismos impuestos, luego tendríamos que tener los mismos derechos», añade.
Sarasketa precisa que «puede que los seteros tengan sus derechos en los montes públicos, pero no en los privados, así que procede regular esta actividad, ni más ni menos como se hace con otras. Lugares y días hay para todos. Simplemente habría que reservar determinadas áreas el día que se va a dar una batida debidamente señalizada».
Imposible un acuerdo.
A esta polémica sobre el uso del monte se unen los excursionistas, especialmente quienes durante los fines de semanas hacen deporte de bici en los montes de Cantabria. «Las zonas preferidas por los ciclistas son, precisamente, Palombera y la reserva del Saja», explica Marcos Menocal, veterano ciclista, quien dice que «sería el colmo que nos limitaran el uso de los montes, para hacer deporte, los fines de semana. Las restricciones son cada vez mayores».
En Cantabria hay aproximadamente 10.000 licencias de caza, la mayoría inscritas en la Sociedad Cántabra de Fomento de la Caza y Pesca, con sede en Santander y Torrelavega, que preside Aníbal Pérez. Como no podía ser de otra manera, está a favor de que se regule el uso del monte cuando hay cacerías. «En Cantabria no es obligatorio señalizar las zonas donde se está produciendo una cacería, como ocurre por ejemplo en León», apunta. Los cazadores alegan que ellos son los únicos que pagan por usar el monte. Y detallan que pagan la licencia de caza, a las cuadrillas para las batidas, los seguros obligatorios, las emisoras y los registros federativos.
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