Extremadura declara la guerra a los cazadores
El gobierno de Guillermo Fernández Vara obligará a contratar empresas privadas para eliminar las vísceras de los animales cazados en montería. La perdiz con reclamo, el rececho del corzo y la actividad forestal podrían estar en peligro, según denuncia la Federación de Caza de Extremadura.
La Junta de Extremadura ha publicado en el DOE una resolución que obliga a los propietarios de cotos a contratar una empresa especializada para recoger los subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH) procedentes de las piezas de caza mayor. Es decir una empresa que se encargue de recoger las vísceras de las reses abatidas y aquellos ejemplares con sospechas de estar enfermos, que deberán ser eliminados conforme a la normativa europea a través de un establecimiento o planta autorizada.
Por su parte, José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza ha expresado su malestar a Jara y Sedal ante esta y otras medidas que está adoptando el gobierno de su comunidad, como las tomadas hace escasos días en los proyectos de orden para modificar los planes de recuperación del águila imperial, de conservación del hábitat del águila perdicera y el buitre negro. Según denuncia Gallardo, “están creando incertidumbre en el sector cinegético”, lo que puede traer graves consecuencias para los ciudadanos cazadores y para la propia actividad, que sólo en Extremadura genera 400 millones de euros al año.
En el caso de los proyectos de recuperación y conservación de rapaces y carroñeros, que aún se encuentran en periodo de alegaciones, Gallardo advierte que las intenciones del ejecutivo extremeño son “limitar la actividad cinegética recortando en más de un mes en algunos casos las fechas de caza anteriormente estipuladas”. Esto llevaría a dejar de cazar la perdiz con reclamo y los recechos de corzo, entre otras modalidades. En algunas comarcas en las que crían las aves citadas, se prohibiría toda actividad forestal –con el consiguiente riesgo de incendios–, e incluso el tránsito de personas. Pero es que además la nueva norma podría contravenir la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad en la que se regula en uno de sus artículos la alimentación de aves necrófagas, por lo que según Gallardo “se estarían contradiciendo una normativa con la otra”. “Por otro lado, la falta de alimento, podría llevar a estas aves a atacar al ganado vivo”, añade.
“Además no se pueden aplicar medidas como la de la recogida de residuos una vez empezada la temporada. Hay una falta de intención de diálogo alarmante por parte de la Junta“, añade Gallardo, quien asegura que las nuevas normativas castigan directamente a los habitantes más humildes de Extremadura, ya que hay muchos casos de pueblos que sólo obtienen beneficios económicos mediante la caza y el aprovechamiento forestal que ahora se verán seriamente damnificados porque las normativas “son mucho más restrictivas que las anteriores”. “El nuevo gobierno quiere prohibir hasta el tránsito por el monte en ciertas fechas, cuando con la anterior normativa, una de las mejores que hemos tenido nunca, sólo se restringía en ciertas épocas de cría de especies amenazadas”.
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