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Críticas a la nueva Ley de Montes

A diferencia de la postura de la RFEC, que felicitó al Gobierno por la aprobación del Proyecto de Modificación de la Ley de Montes, la UNAC y la ONC se han mostrado más críticas hacia la reforma en sendas notas de prensa que reproducimos a continuación.
Desde la Oficina Nacional de la Caza, al respecto de la aprobación la semana pasada del proyecto de reforma de la Ley de Montes, aunque el nuevo texto aún debe superar el trámite parlamentario para ser efectivo, se “han valorado positivamente algunos de los puntos de la reforma planteada, pero también se ha mostrado crítica con la configuración final de proyecto, que ha eliminado algunos aspectos muy importantes que sí estaban presentes en las versiones anteriores del borrador de Ley.

La ONC denuncia que, de aprobarse definitivamente en los términos actuales, se habrá perdido una ocasión histórica para poner en marcha una verdadera coordinación estatal en materia legislativa, ya que aun después de la creación de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética (ENGC), España seguirá siendo un caos legislativo con 19 leyes de caza, 19 reglamentos y 19 regulaciones sancionadoras diferentes.
Los representantes de los cazadores entienden que la ENGC será un punto de partida muy importante para poner de acuerdo a aquellas comunidades autónomas que así lo acepten, especialmente en lo relativo a las órdenes de veda y la coordinación de la caza de algunas especies, como es el caso de las aves migratorias. Es evidente que la caza de la paloma, la tórtola o la codorniz necesitan esa estrategia de caza y conservación común de manera urgente. A pesar de ello, la ONC teme que dicha estrategia nacional se quede en papel mojado y suceda lo mismo que ha ocurrido con la Gestión del Control de Predadores, cuya buena voluntad del Ministerio, como en el presente caso, dio como resultado la creación de unas Directrices Básicas Estatales que incluso fueron aprobadas por Conferencia Sectorial, pero que después de cuatro años no han sido puestas en marcha por casi ninguna comunidad y sólo Castilla-La Mancha y Cataluña han secundado el texto.
Otro de los aspectos por los que la ONC muestra su disconformidad con la reforma es por la omisión de una disposición adicional que regulaba la responsabilidad por daños de especies cinegéticas en la agricultura y la ganadería, un hecho que, según le consta, ha sido fruto de la presión de diferentes comunidades autónomas para su supresión.
En cuanto a la creación del Registro Nacional de Infractores de Caza y Pesca, la ONC va a trasladar al Gobierno la necesidad de ser racionales con su desarrollo, ya que es precisamente el caos legislativo español el que puede hacer que un cazador tenga una sanción grave en una comunidad, por ejemplo, por no tener la documentación en el cazadero, y que ello le suponga la no obtención de la licencia en otra CCAA o la no renovación del permiso de armas.

Por todas estas cuestiones, el presidente de la ONC, Juan Antonio Sarasketa, ha pedido a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que la creación de la ENGC o el desarrollo del Registro Nacional de Infractores se coordinen desde un órgano diferente a la Conferencia Sectorial, donde sólo participan el Ministerio y las CCAA. Así, ha solicitado la creación del Consejo Nacional de la Caza, órgano donde la Administración pública y los representantes del sector cinegético deben desarrollar reglamentariamente esta ley”.
UNAC
Por su parte, “la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) reafirma su postura en contra de la idoneidad de regular la actividad cinegética desde la Ley de Montes, como ya hiciera en el trámite de aportaciones y posteriormente en el de alegaciones ante el MAGRAMA.
La UNAC ya dejó claro en sus alegaciones que está a favor de una norma básica sólida y unificadora para la caza, que dé igualdad a todos los cazadores del Estado, por lo que no comparte que se quiera elaborar una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, ya que ésta no será norma básica de ley para las CCAA, lo que conllevará mantener los problemas actuales, pues las estrategias tienen un carácter orientativo y no legislativo de obligado cumplimiento.
Se considera, y así se ha manifestado en reiteradas ocasiones desde la UNAC, que estas cuestiones relacionadas con la protección de las especies de caza y su regulación estatal básica, deberían legislarse a través de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como normativa básica que es, e incluirse en su articulado junto con otras cuestiones importantes, para posteriormente reglamentarse y desarrollarse a través de un Real Decreto.
Por otra parte, el Registro Central de Infractores de Caza que contemplaría la nueva Ley de Montes ya existía, y demostró con creces ser claramente inoperativo. En ese sentido, la licencia de caza interautonómica, que también recoge la nueva norma, apunta hacia el mismo final. Por último, la idea principal que extraen los cazadores, es que los legisladores, y por ende las administraciones, siguen imponiendo normas para ellos cumplir únicamente sus propios objetivos, los cuales son totalmente diferentes y alejados de los objetivos de los administrados, es decir, los cazadores. De hecho, la UNAC ha presentado en repetidas ocasiones al MAGRAMA y a las CCAA un borrador de normativa cinegética de carácter estatal y el informe sobre la Licencia Única de Caza (Informe LUC), acordes ambos a las necesidades del sector social cinegético español, y lo dispuesto en la nueva Ley de Montes se queda muy lejos de las propuestas de la UNAC”.

http://www.elcotodecaza.com/reportaje/caza-mayor/criticas-nueva-ley-montes-150115